El exlanzador de las Grandes Ligas se encuentra preso desde el 9 de febrero cuando las autoridades lo detuvieron poco después de salir de su residencia en Chula Vista, en San Diego. Enfrenta un cargo de posesión de 20 kilogramos (44 libras) de cocaína con la intención de venderla, que contempla una pena mínima de 10 años de cárcel y la posibilidad de ser deportado a México, su país de origen.

Durante una audiencia de apelación solicitada por su abogada Janice Deaton, el juez del Tribunal de Distrito del sureste de California revocó una decisión previa de la magistrada federal Nita Stormes, quien había impuesto una fianza de 200,000 dólares que debía ser pagada en efectivo o a través de una compañía de fianzas solvente y rechazado una petición de la defensora de Loaiza para modificar dichas condiciones que, según Deaton, violaban la Ley de Reforma de la Fianza.

Pese a la oposición del fiscal Jarad Hodes, quien insistió en el hombre de 46 años constituía un riesgo de fuga por sus vínculos con México, el juez Battaglia determinó que el inmueble ofrecido como garantía para su comparecencia al proceso judicial era “suficiente” para cubrir el riesgo, reportó la agencia de noticias EFE.

En un momento de la audiencia y para dejarle claro el alcance de su decisión, el togado se dirigió a Loaiza para advertirle que el gobierno federal confiscará la casa a su familia si se ausenta de sus citas judiciales.

“ Si sigues con todas las condiciones, todo estará bien”, afirmó Battaglia.

Pero ya Deaton había consignado en su moción de reconsideración que la propiedad constituía una garantía económica y “moral” porque era el hogar de la mejor amiga de Loaiza y de su primer hijo. Deaton también señaló en ese escrito que Esposito planeaba utilizar esa residencia para costear los gastos de la universidad de Sage.