Un 53% de los empleados gana menos de 10 mil pesos al mes

De acuerdo a un estudio elaborado por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi) de un total de 1.3 millones de hogares que conformaron el universo de estudio, unos 372,832 constituyen la demanda potencial actual. Sin embargo, la oferta privada anunciada es de alrededor de 5 mil viviendas.

Y la demanda real de compra de viviendas es de un 40%, lo que representa 143,935 hogares, mientras que el ingreso del grupo familiar de los que componen la demanda real es de 75,960 hogares y estos perciben menos de RD$30,000 al mes.

De acuerdo a cifras de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) unos 74 mil trabajadores reciben salario que llegan a los RD$25,000 al mes, ubicados entre las clases media y media baja, y eso son los que podrían calificar para un crédito hipotecario para viviendas económicas.

De acuerdo al economista Nelson Peña, en la última década el Estado dominicano ha construido cerca de 40 mil soluciones habitacionales, cerca de 250 mil intervenciones para conjurar el déficit cualitativo y si se suman estas cifras a las aportaciones del sector privado, apenas significa un 6% del déficit cuantitativo señalado.

A seguidas expone que la situación de la vivienda se convierte en un problema social de gran magnitud, por la informalidad laboral, pues según los resultados de la "Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2012"; un 57% percibe menos de RD$10,000; resultados que explica que más del 80% de empleados no estén en capacidad de adquirir una vivienda, ni dar soluciones a otras necesidades básicas y cita que sólo un 13.5% obtiene un salario por encima de RD$25 mil

Otros técnicos y estudios, incluyendo el de Acoprovi, plantean que para satisfacer la demanda de viviendas de RD$1 millón a RD$1.5 millones en el país, se requiere de RD$32,000 millones en créditos y RD$40,000 millones para unidades de RD$2 millones a RD$3 millones, por lo que la cartera hipotecaria para estos sectores de demanda real está muy por debajo de esta cifra de financiamiento, lo que representa una seria limitación.

El derecho a la vivienda está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, garantizado en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y por la ley 5892 que crea el Instituto Nacional del Vivienda, que garantiza el derecho a la población de más bajos ingresos a una vivienda digna. La ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso podría significar el dinamismo del sector inmobiliario pero el rezago en su aplicación retarda esta solución. (Diario Libre)