Un delito tras bastidores
TRAFICO Y TRATA: LA POCA PRÁCTICA DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO ILÍCITO Y TRATA DE PERSONAS A DENUNCIAR HACE QUE ESTE DELITO SE QUEDE SIN LA DEBIDA SANCIÓN, PORQUE POCOS LLEGAN A LA JUSTICIA
Wanda Méndez
Con el propósito de viajar a Beirut, en el Líbano, a trabajar como bailarinas, cuatro mujeres dominicanas pagaron más de cien mil pesos a una señora que le vendió ese sueño.
El viaje se realizó, pero no al destino prometido. Fueron engañadas y llevadas a lugares de prostitución, donde fueron abandonadas a su suerte. Sin saberlo, fueron víctimas del tráfico ilícito y de trata de personas, delitos sancionado por la Ley 137-03, con penas de 10 a 25 años de prisión.
Por ese hecho, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a la autora a cumplir 15 años de en la cárcel de Najayo Mujeres. La sentencia fue emitida a principio de mayo.
Condenas como esa han sido escasas en el país. Esto se atribuye a que las víctimas no suelen querellarse, por temor a represalia a ellas y a sus familiares por parte de los cabecillas de esas redes que se dedican a esta práctica.
“Es un delito que queda tras bastidores”, afirma Jhonatan Baró, titular de la recién creada Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En los primeros 9 meses de funcionamiento, el Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de personas que abrió la Fiscalía del Distrito Nacional en julio del 2012, recibió 24 denuncias.
“El número de denuncias es casi nulo”, dice Baró.
Sin sanción
Hasta el año pasado, habían transcurrido cinco años sin una condena por tráfico ilícito y trata de personas, según señaló Baró, porque pocos casos llegan al sistema judicial.
Hasta el año pasado, habían transcurrido cinco años sin una condena por tráfico ilícito y trata de personas, según señaló Baró, porque pocos casos llegan al sistema judicial.
Consciente de esa realidad, la procuraduría especializada tendrá un rol proactivo. No esperará que la persona se querelle, sino que irá a los lugares donde se presume que hay víctima de tráfico y trata de personas para combatir esa práctica ilegal.
Continuará con los operativos como el realizado recientemente en Los Alcarrizos, donde apresaron a varias personas que se dedicaban a traficar con niños haitianos para ponerlos a mendigar en las calles. En esa ocasión, fueron rescatados más de 50 menores. Por ese hecho, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a una pareja. Baró adelantó que también rescatarán a los niños dominicanos que están pidiendo en las principales avenidas.
“Hasta ahora el mandato del procurador es que recojamos todos los niños que están trabajando en las calles”, expresó. Agregó que para ello es esencial el apoyo del CONANI, de la Policía Nacional, y de Migración.
Cuestiona enfoque
Santos Rosario, director del Centro de Orientación e Investigación Integral, consideró que la persecución no es suficiente para resolver el problema, si no se acompaña con políticas públicas integrales, que combatan las causas y brinden asistencia a las víctimas.
Santos Rosario, director del Centro de Orientación e Investigación Integral, consideró que la persecución no es suficiente para resolver el problema, si no se acompaña con políticas públicas integrales, que combatan las causas y brinden asistencia a las víctimas.
Rosario sostuvo que de cada 10 mujeres que han sido víctimas de trata, más de la mitad se quiere volver a ir del país, porque aquí no encuentran programas de reinserción social.
“Es un problema complejo, no es tan simple. Es un problema que a veces yo pienso que le estamos buscando la solución por la rama y no por la raíz”, apunta.
Considera que el tráfico ilícito y la trata de personas están vinculados a la pobreza, a la desigualdad de género y a la exclusión social.
Entiende que hacen falta recursos para prevención e investigación.
“Mientras no se enfoquen esos problemas las mujeres se van a querer ir, porque tienen dos hijos por medio, porque tienen papá y mamá que mantener; las mujeres se van no porque les guste el trabajo sexual, sino porque tienen una carga familiar muy grande, vienen de matrimonio que han sido maltratadas por los maridos, vienen de una sociedad muy excluyente”, sostuvo.
MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA MÁS CASOSLa Procuraduría especializada investiga 8 casos de explotación sexual de mujeres y niñas en zonas turísticas del país. Los informes sobre esa práctica le llegaron a través de denuncias anónimas, las cuales depuran para luego proceder, según explicó su titular, Jhonatan Baró.
Las causas
Santos Rosario, del COIN, señaló que las mujeres víctimas de explotación sexual anteriormente eran trabajadoras domésticas, de zonas francas o vienen de un matrimonio donde han sufrido maltratos. “Si no hay política para estas mujeres por parte del Estado dominicano usted no va a resolver el problema apresando al tratante”, afirma.
Considera que existe tráfico y trata porque hay una oferta y una demanda, y porque hay leyes migratorias que hacen que el derecho a emigrar que tiene todo ser humano le sea más difícil a las mujeres. Critica que en muchos países e islas del Caribe no existan representaciones consulares y no haya quien ayude a esas mujeres.
Pocos casos
En julio del 2012, la Fiscalía del Distrito Nacional puso a funcionar una unidad sobre tráfico ilítico y trata de personas.
DENUNCIAS RECIBIDAS
En sus primeros 9 meses de operación, la unidad de Trata y Tráfico del DN recibió 24 denuncias, menos de 3 por mes.
EDAD DE LOS TRATANTES
La mayoría de los que incurren en esta práctica ilegal son jóvenes, en edades entre 18 a 35 años, con un 75 por ciento.
INFRACCIÓN MÁS COMÚN
29% sobre explotación sexual, 17% pornografía infantil. Abuso de menores, proxenetismo, explotación sexual comercial y tráfico ilícito, 12% cada una.
PENALIDAD DE LA LEY
Para el tráfico ilegal, la ley 137-03 fija penas de 10 a 15 años de prisión y para la trata, de 15 a 20 años. Para ambos delitos, se contemplan 5 años de prisión más cuando existan elementos agravantes.
Para el tráfico ilegal, la ley 137-03 fija penas de 10 a 15 años de prisión y para la trata, de 15 a 20 años. Para ambos delitos, se contemplan 5 años de prisión más cuando existan elementos agravantes.
